Los expertos del Massachusetts Institute of Technology (MIT) han destacado en su estudio -presentado estos días- sobre la plataforma de gas Castor que la misma representa un peligro y recomienda su cierre. Esta instalación, situada frente a las costas de Castellón y Tarragona, dejó de almacenar gas en septiembre de 2013 tras registrarse cientos de seísmos en la zona, cuando un real decreto ley estableció la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y en el que se reconocía una compensación de 1350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS -controlada por ACS en un 66’7%-, cuyo importe asumirá en un primer momento Enagás y se irá repercutiendo durante 30 años en la tarifa de gas y electricidad que pagarán los consumidores -podemos llegar a pagar más de 3000 millones con los intereses.
Según los expertos del MIT, la gran falla de Amposta se movió en 2013 como consecuencia del primer llenado de combustible de la nueva planta. Esta conclusión se suma a los informes elaborados, en su día, por cinco instituciones: el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y su red sísmica; el Instituto Geológico y Minero de España (IGME); el Instituto Geofísico de Andalucía; el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CISC) y la Universidad de Postdam, y a los que no se les hizo caso, en su momento, para la elaboración del Proyecto Castor. El informe señala que reanudar las operaciones de inyección de gas en el almacén Castor aumentaría de nuevo la actividad sísmica y esta vez podría provocar terremotos “incluso mayores”, hasta de una magnitud 6,8.
La connivencia entre los estamentos del estado -en época de Zapatero, con el inefable Sebastián de ministro- en la concesión de la explotación, sin tener en cuenta las consideraciones contrarias que alertaban de que “La actividad que contempla el proyecto se considera a nivel mundial como potencialmente inductora de terremotos”, no impidió un contrato leonino firmado entre la empresa y el Estado que preveía una indemnización incluso en el caso de dolo o negligencia por parte de la compañía de Florentino Pérez. Se llegó incluso a cambiar los límites marítimos entre Catalunya y el País Valencià para que el Castor estuviera exclusivamente en territorio valenciano y, de esta forma, evitar los recursos catalanes al proyecto.
Aún así, la sentencia del Tribunal Supremo, de octubre de 2013, dejó claro que ese Real Decreto de concesión contiene “una previsión genérica de compensación por el valor residual“. Y contemplaba que, si existiera una indemnización, ésta dependerá de las causas que han llevado al fin de la concesión: “en qué haya consistido la conducta dolosa o negligente de la empresa; de la gravedad o trascendencia de dicha conducta para la explotación y para las propias instalaciones que revierten al Estado; en caso de negligencia, de si ha sido grave o leve; y, en fin, de cualesquiera otras circunstancias concurrentes que puedan determinar, no ya otras responsabilidades ajenas a la reversión de las instalaciones propiamente dicha, sino una afectación al mismo derecho a la compensación previsto en el inciso final cuya nulidad se pretende“.
El gobierno de Rajoy con la colaboración inestimable del peor ministro de la democracia en España, José Manuel Soria, no esperó a las resoluciones de la justicia como sería lógico para salvaguardar los intereses de todos los ciudadanos y, urgentemente, pagó la compensación de 1350 millones y regaló a la oligarquía económica un dinero que debieran pagar los responsables o, en todo caso, esperar a las sentencias de los tribunales.
Una vez más, la casta política –Zapatero, Sebastián, Rajoy y Soria– ha alimentado las puertas giratorias para los políticos, estafando a todos los ciudadanos, que tendrán que pagar durante 30 años los negocios turbios de unos dirigentes que no nos merecemos.
Y, para rizar el rizo del disparate, el mantenimiento del Castor hasta su desmantelamiento -recomendado por los técnicos y negado por el Estado- nos cuesta 30 millones de euros más anualmente.
