Por Toni Roderic, Secretario de Organización de la Confederación de Los Verdes · Els Verds · Berdeak · Os Verdes.
La confirmación por el Supremo de la condena a cuatro años de prisión, por cuatro fraudes fiscales cometidos entre 1999 y 2003 de Carlos Fabra, expresidente del PP de Castellón y de la diputación provincial, y la condena del empresario Angel Fenoll, con amplias relaciones con el PP de la Vega Baja, implicado también en el caso Brugal, a 35 años y medio de prisión por delitos contra la Hacienda Pública y por cooperación necesaria en un delito continuado de falsedad documental; juntamente con la confirmación de prisión para el exalcalde del PP de Torrevieja, Hernández Mateo, y diputado autonómico, ponen de manifiesto la podredumbre del PP valenciano.
Esta primera oleada de condenas y pasos por prisión, quedará en una anécdota, cuando se sustancien el total de causas abiertas contra más de un centenar de cargos del PP valenciano que han intentado convertir las tierras valencianas en una ciénaga infecta de corrupción al servicio de los negocios más abyectos y gansteriles.
No puedo sustraerme a recordar dos casos paradigmáticos, la entrada en prisión del antiguo alcalde de Orihuela y conseller de Obras Públicas, L.F. Cartagena, que protagonizó en 2002 un escándalo relacionado con la apropiación para fines personales en 1993 de fondos públicos del Ayuntamiento de Orihuela procedentes de una donación de las Hermanas Carmelitas del hospital municipal San Juan de Dios que estaban destinados a fines sociales; y la condena de Rafael Blasco Castany, exconseller de siete carteras de la Generalitat Valenciana, hombre de confianza de Francisco Camps, exdiputado del PP y exportavoz parlamentario del grupo popular, a ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación por la primera pieza del llamado caso Cooperación. Condenado por el trato de favor al empresario Augusto César Tauroni y a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes), a la que la Conselleria de Cooperación adjudicó en tiempos de Blasco 1,8 millones de euros para proyectos en Nicaragua, de los que sólo 43.000 euros llegaron a su destino. El resto se invirtió en comprar pisos y garajes en Valencia. Y digo que son paradigmáticos para que puedan ustedes comprender lo abyecto de sus conductas: coger el dinero de los más desfavorecidos para tirárselos a la saca.
Bien, pues a este fanguero llevamos los valencianos votando interrumpidamente casi veinte años y somos muchos los que nos avergonzamos de nuestra cualidad de valencianos. Y, exigiremos, en unos pocos meses, cuando pierdan las elecciones, que pidan humildemente perdón al resto de sus conciudadanos. Como cuestión moral de su mal comportamiento. Políticamente –si a todo esto le añadimos los casos generales del PP –Gürtel, Nóos…- habría que inhabilitarlos para el ejercicio político por siempre jamás.
