La conservación y regeneración del espacio forestal, que supone un 50% de nuestro territorio, tiene que ser un eje estratégico en la lucha contra el cambio climático, contra la desertificación y para el mantenimiento del paisaje y la economía rural valenciana. El bosque mediterráneo, el monte valenciano tiene un componente básico ambiental y paisajístico, una función social ecológica, y poco interés extractivo. Un árbol autóctono del bosque mediterráneo se calcula que fija unos 300 kg de CO2 durante su crecimiento. La protección y regeneración de la cobertura forestal y protección del suelo de las montañas valencianas tiene que ser la estrategia más que necesaria y urgente en la lucha contra el cambio climático. Tiene que ser uno de los ejes fundamentales de la política forestal en los futuros años.
Nos hace falta un nuevo marco legislativo que reforme la Ley Forestal Valenciana, para favorecer la participación y corresponsabilización de los agentes sociales implicados en el bosque valenciano (Generalitat, ayuntamientos, propietarios privados y profesionales del sector) y el reparto de las cargas y los beneficios sociales generados. La riqueza del litoral tiene que llegar a los propietarios privados y ayuntamientos rurales que mantienen los espacios forestales. Si aplicamos el principio de la Unión Europea de “Quien contamina paga”, también tenemos que aplicar el otro principio de justicia social de quien ofrece servicios ambientales al conjunto de la sociedad valenciana tiene que estar compensado. Habrá que establecer medidas positivas para asegurar a los propietarios de bosque y tierras de montaña una renta familiar garantizada, al tiempo que la nueva Generalitat surgida de las elecciones del mes de mayo tendría que proponerse un aumento exponencial de los presupuestos en materia forestal y el fomento de la gestión compartida y probada del bosque valenciano.
En los últimos veinte años, la Generalitat en manos del PP de Zaplana, Camps y Fabra han dedicado menos de 10 euros por ha/año de bosque cuando habría que aproximar la inversión pública a unos 60 euros por ha/año a lo largo de los cuatro años de cada legislatura. Un nuevo Plan Forestal Valenciano tendría que estar consensuado en el marco de un reactivado Consejo Forestal Valenciano, previsto en la ley vigente y que, en 2004, después de no constituirse nunca, desapareció del Consejo Asesor de Participación y Medio ambiente: triste vida.
A principios de año, el gobierno de Rajoy ha aprobado una reforma de la Ley de Montes que permitirá la reclasificación de suelo forestal en terrenos urbanizables -dicen que por interés público-, al tiempo que dejan sin funciones reales ante los incendios forestales a los profesionales que más saben del bosque como son los agentes forestales. La oposición de Los Verdes y de todo el movimiento ecologista y amantes de los árboles es rotunda a esta reforma del PP.
En tiempo de cambio climático, no hay mayor interés público que proteger, conservar y restaurar las masas forestales, auténticos sumideros de CO2 y garantes de humedad en el medio. Justamente, al contrario de lo que quiere el PP, que volvería a poner en riesgo muchos lugares de montaña por posibles especulaciones futuras, tiene que ser la prevención de los incendios forestales la primera línea estratégica de la política forestal. La silvicultura preventiva tiene que pasar al primer plan de la política forestal en las montañas públicas y, también, en las privadas.
Los informes forestales dicen que más de un 80% del bosque valenciano no está muy preparado contra los incendios forestales, llegando a 1 millón las hectáreas con total ausencia de cualquier tipo de técnica silvícola, de un total de 1.217.000 hectáreas de la superficie forestal valenciana. A mayores inversiones públicas en la prevención de incendios, tenemos que acompañar el aumento de las subvenciones a las tareas preventivas de los propietarios privados y a los Ayuntamientos. Un incendio como el de Sierra de Gata que acaba con 7.500 hectáreas quemadas de bosque tendría que ser suficientemente incentivador para acometer, urgentemente, una nueva política forestal.
Los Verdes, pedimos al nuevo gobierno valenciano la puesta en marcha real de la reforestación del bosque, con importantes inversiones en tareas manuales de silvicultura preventiva, plantaciones controladas de especies autóctonas y reforestación de las cuencas hidrográficas de los ríos valencianos. Un bosque valenciano protegido contra los incendios forestales y recuperado es una fuente energética renovable de biomasa para algunos sectores industriales, así como para las poblaciones rurales del interior. Al tiempo que sumidero de CO2, el bosque es, además, una fuente de ocupación importante para sectores laborales ahora desocupados por la crisis de la construcción y la agricultura. Y, por si volvería la fiebre constructora, tendríamos que declarar suelo no urbanizable y protegido durante 100 años todo aquel terreno que haya sufrido un incendio forestal, justo lo contrario de lo que, ahora, pretende el agónico PP desde Madrid.
El más que evidente cambio climático reclama que los gobiernos progresistas se pongan, urgentemente, a la tarea de aminorar sus dramáticas consecuencias para toda la sociedad y el territorio.