Por Toni Roderic, Presidente de Los Verdes.
¿Ilegalizar el PP es posible?
La utilización, una vez más, de las estructuras del estado en beneficio particular del partido del gobierno para impedir el funcionamiento de la justicia o para hacer impunes sus actuaciones ilegales han cruzado esta vez todas las líneas rojas del sentido común, de la decencia y de lo que es admisible socialmente.
Que una institución como la Hacienda Pública se atreva a comparar un partido político corrupto, como el PP, con entidades como Cáritas o la Cruz Roja raya el esperpento más execrable. Primero porque Cáritas o la Cruz Roja tienen claras sus actuaciones de apoyo a la sociedad, y de las últimas actuaciones del PP no pueden deducirse actividad alguna en beneficio de la sociedad que no sea la utilización de dinero de donaciones ilegales para repartir sobres entre los dirigentes, para hacer obras en sus sedes pagadas en negro, y financiar campañas electorales de forma ilegal y que viola la ley de partidos políticos.
Y, también, porque en opinión de los Técnicos del Ministerio de Hacienda es «incorrecta e inapropiada» cualquier comparación o ejemplo entre el dinero recibido por el PP con los donativos percibidos por organizaciones no gubernamentales (ONG) en el cumplimiento de sus funciones, ya que las donaciones ilegales a formaciones políticas, como el PP, nunca pueden gozar del beneficio de la exención en el Impuesto sobre Sociedades porque se han percibido mediante una “infracción muy grave” tipificada en la ley de financiación de partidos políticos.
En consecuencia, no existe alternativa al cálculo de la posible cuota dejada de ingresar por el Partido Popular por el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2008 en 220.167,04 € fijada en el informe, superior al umbral de los 120.000 euros anuales que delimita la posible existencia de un delito fiscal y, además, únicamente considerando presuntos donativos irregulares por 888.000 euros que se habrían afectado al pago de las obras de reforma de la sede de la Calle Génova de Madrid, del total de los 1.055.000 € presuntamente donados ilegalmente según los “papeles de Bárcenas”. Y sin entrar en el resto de sedes del PP investigadas por obras pagadas en negro.
Por tanto, el juez Ruz podría imputar por delito fiscal a los responsables, que fuera quien fuera quien tomara las decisiones de cobrar y pagar ilegalmente sería para beneficio del PP.
Y llegados a este punto sería importante que los partidos democráticos hicieran un frente común y aplicaran con toda su crudeza la ley de partidos políticos –después de las próximas elecciones generales y de los cambios esperables en las instituciones de justicia para que estas recobraran su independencia e imparcialidad- para proponer la ilegalización del Partido Popular. Ni España podía haber llegado a menos con un gobierno de esta calaña ni el PP a más.