Hoy, comienza la Semana Europea de la Lucha contra la Pobreza Energética 2016, con el objetivo de concienciar y llamar la atención de los gobiernos, instituciones públicas y empresas para hacer frente y mitigar la falta de recursos que sufre una gran parte de la población para satisfacer sus necesidades básicas energéticas (agua, gas o electricidad) debido sobre todo a los altísimos precios, a la crisis social y del empleo, a los bajos salarios e, incluso, a la mala construcción de sus viviendas.
Dos millones de hogares del estado están sufriendo en estos momentos pobreza energética que se concreta en imposibilidad de pagar las facturas, haber sufrido ya cortes de suministro, no poder calentar las viviendas o restringir la calefacción o el calentamiento de agua. Durante el año 2012, las compañías eléctricas cortaron el suministro por impago a un millón y medio de hogares ante la pasividad de los poderes públicos. Cuatro millones de personas, el 10 % de los hogares, tenían dificultades para mantener en condiciones adecuadas de temperatura sus viviendas, con la causa sobrevenida de 7000 muertes prematuras al año.
La situación, además, empeora porque nuestros ingresos bajan con la crisis pero las facturas energéticas siguen subiendo dada la connivencia de un ministro nefasto como Soria, de un gobierno del PP, con la oligarquía energética. El Comité Económico y Social Europeo ha afirmado de manera contundente: “La pobreza energética mata física y socialmente”. En este contexto, España como estado miembro de la Unión Europea, tiene la obligación de desarrollar planes nacionales contra la pobreza energética y proteger a los consumidores vulnerables. A lo que el Gobierno del PP hace caso omiso.
En una sociedad democrática avanzada de la Europa del siglo XXI, no tiene ningún sentido que haya personas sufriendo estos problemas debido a la gestión de la energía por un oligopolio de empresas excelentemente relacionadas con el poder político: puertas giratorias, financiación irregular de las campañas electorales…
Es imprescindible, pues, que el suministro energético recupere su carácter de servicio público y que los hogares vulnerables tengan acceso a suministros básicos energéticos como parte del derecho a una vivienda digna y adecuada y que se prohiba el corte del suministro energético a las familias en situación de vulnerabilidad. Junto a acciones para fomentar la democratización de la generación de electricidad a través del autoconsumo.
Los Verdes participaremos en todas las acciones que durante estos días se organicen contra la Pobreza Energética y por un cambio del modelo energético y por las energías renovables. Acabar con esta lacra es urgente e imprescindible y no puede estar al albur de negociaciones partidistas porque la energía no es un lujo ni una aspiración, ¡es un derecho que tenemos que reclamar urgentemente!