Por Toni Roderic, Presidente de Los Verdes.
Aunque todos pudiéramos pensar que con el rescate -con dinero público- al sistema financiero español (bancos y cajas), los desahucios se frenarían, la realidad es muy diferente. Tanto las entidades financieras, como las administraciones públicas, se han deshecho de las viviendas que tenían vendiéndolas a fondos de inversión extranjeros: los llamados fondos buitre.
En Madrid, casi 5.000 viviendas públicas de la Comunidad y el Ayuntamiento, que fueron adjudicadas a vecinos con dificultades económicas o sociales, han sido vendidas en el 2013 a dos fondos buitres, Goldman Sachs y Blackstone, por 60.000 €/vivienda, que ahora venden por 140.000.
Cuando se produjo la insólita operación, las autoridades aseguraron que los vecinos no lo iban a notar, que los inquilinos simplemente cambiaban de casero. Teóricamente, se iban a respetar los contratos. Un año y medio después, se han hecho realidad los peores augurios.
Los nuevos propietarios aprovechan cualquier resquicio legal para subir las cuotas -en algunos casos hasta el doble-, impedir la prórroga de contratos vencidos, eliminar las ayudas públicas, descuidar el mantenimiento y deshacerse así de las familias para poder vender o arrendar a precios de mercado.
Mobing inmobiliario en toda regla. Muchos se están marchando porque no quieren pasar la vergüenza de un desahucio pero a los que no tienen ninguna alternativa los acaban echando: ahora mismo, hay 1800 familias abocadas al desahucio.
El negocio es tan redondo que los afectados han visto materia para presentar una querella por prevaricación y malversación de caudales públicos contra la directora general del Instituto de la Vivienda, Ana Gomendio, a la que el juez ya ha llamado a declarar como imputada por ambos delitos. Durante su comparecencia, defendió la “transparencia y legalidad” del concurso, pero el magistrado ha encargado a la UDEF que investigue los patrimonios de Gomendio y de otros altos cargos por si encuentra «enriquecimiento ilícito». Así mismo, se han presentado cuatro demandas colectivas y una individual ante el Contencioso-Administrativo pidiendo la nulidad de la venta porque no se dio opción a los vecinos a comprar ellos sus pisos. Meses después, todavía, no las han podido formalizar “porque el IVIMA –Instituto de la Vivienda- no remite los expedientes completos para entorpecer y dilatar el proceso”.
Al margen de las cuestiones legales, lo que no sólo lamentamos sino que también rechazamos, lo que nos avergüenza, lo que nos indigna es que un organismo público –que funciona con nuestro dinero- venda viviendas sociales –que ya habían sido amortizadas con los alquileres que se habían pagado durante muchos años- y deje en la precariedad a ciudadanos que no tienen otra vivienda, dejando en la calle a familias con niños, ancianos y jóvenes.
No perdonaremos, nunca, a los responsables –en este caso del PP de Madrid-, su llamada a los buitres para que se coman las entrañas de nuestros vecinos.