Que aún tengamos que denunciar, reclamar y exigir que a igual trabajo, igual salario, y tengamos que proponer días de lucha por la igualdad salarial entre hombres y mujeres pone de manifiesto lo poco que las administraciones públicas cumplen el principio de igualdad ante la ley y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que recoge la igualdad salarial sin distinción de sexo, raza, orientación sexual, religión o nacionalidad.
Los datos de la última Encuesta Anual de Estructura Salarial española acentúa, aún más, la diferencia salarial en España situándola en el 31,6% o lo que es lo mismo: una mujer debería trabajar al año unos 116 días más que los hombres para conseguir el mismo salario con un mismo trabajo.
Este aumento viene acentuándose con la crisis, por la decisiones de política económica del gobierno del PP y por los recortes del Estado de Bienestar y, fundamentalmente, por la ausencia de políticas de igualdad entre mujeres y hombres así como la falta de vigilancia en el cumplimiento de la ley que prohibe este tipo de discriminación.
España, además, se encuentra entre los primeros de Europa en discriminación salarial, ocupando las mujeres españolas el escalón más alto de trabajos a tiempo parcial e incluso en los contratos indefinidos perciben un 36’4% menos de salario que los hombres con igual trabajo.
Los Verdes consideramos inaplazable la toma efectiva de decisiones por parte de las diversas administraciones para erradicar la brecha salarial entre mujeres y hombres, por lo que exigimos la creación de mesas por la igualdad retributiva, en todas las administraciones, para que se pueda abrir el diálogo social introduciendo la perspectiva de género y las acciones positivas imprescindibles para el necesario cambio de paradigma social y cultural que propicie una sociedad exenta de sexismo, patriarcado y desigualdad.
Así como, también, Los Verdes consideramos inaplazable la derogación de las reformas laborales del gobierno central del PP que, claramente, perpetúan la brecha salarial y fomentan los contratos a tiempo parcial y en precario.