Hoy, 26 de mayo, hace 32 años que los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), secuestraron, apalearon, maltrataron y, más tarde, liberaron a dos miembros de los comités antinucleares, Xavier Lorenzo y Endica Lorenzo, en Algorta (Vizcaya). El GAL reconoció más tarde que el segundo fue un error. Su único delito fue ser miembros de plataformas antinucleares.
Los GAL fueron agrupaciones parapoliciales que practicaron lo que se ha denominado terrorismo de Estado o guerra sucia contra ETA y su entorno. Estuvieron activos entre 1983 y 1987, siendo responsables de 27 asesinatos (16 de los cuales impunes y 5 resueltos solo parcialmente), entre los cuales, 10 que no tenían nada que ver con ETA ni con su entorno, durante los primeros años de los gobiernos de Felipe González.
En el proceso judicial contra esta organización se probó que fue financiada por altos funcionarios del Ministerio del Interior. Fueron condenados José Barrionuevo (Ministro del Interior), Rafael Vera (Secretario de Estado para la Seguridad), Ricardo García Damborenea (Secretario General del PSOE en Vizcaya), Francisco Álvarez (Jefe de la Lucha Antiterrorista), Miguel Planchuelo (Jefe de la Brigada de Información de Bilbao), José Amedo (Subcomisario de la Policía Nacional), Julián Sancristóbal (Gobernador Civil de Vizcaya), Michel Domínguez (miembro de la Policía Nacional), Enrique Rodríguez Galindo (General de la Guardia Civil), Ángel Vaquero (ex-Teniente General de la Guardia Civil) y Julen Elgorriaga (ex-Gobernador Civil de Guipúzcoa).
Durante el gobierno de José María Aznar, los antiguos cargos socialistas encabezados por Felipe González reclamaron la liberación de Vera y de Barrionuevo condenados por el Caso Marey. Gracias al indulto parcial, concedido por el gobierno de Aznar en 1998, Vera y Barrionuevo solo pasaron 3 meses en la cárcel cuando tenían una condena de 10 años de prisión.
Tras la investidura del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, que supuso la vuelta al poder del PSOE, nuevamente, diferentes dirigentes socialistas, con Felipe González al frente, reclamaron el indulto total para Rafael Vera y otros condenados, aunque sin éxito. Ese mismo año, en el mes de septiembre, fue puesto en libertad el último preso importante ligado a estos grupos, el General Galindo aduciendo enfermedad.
En julio de 2010, el ex-Subcomisario José Amedo depositó documentos dirigidos al presidente de la Audiencia Nacional en los que señalaba a varios cargos políticos y judiciales de la época de los GAL como «responsables intelectuales y políticos» de atentados como los de los bares Batxoki y Consolation, ocurridos en febrero de 1986. En calidad de testigo y, por tanto, obligado técnicamente a decir la verdad, afirmó de modo categórico que “Felipe González estaba detrás de todo” y fue “una decisión, exclusivamente, política”.
In memoriam.
