La Talidomida, patentada, producida y distribuida por el laboratorio alemán Grünenthal, fue un fármaco contra vómitos y náuseas durante los primeros tres meses de embarazo que, ante sospechas de ser la causa de malformaciones en recién nacidos, comenzó a retirarse en Alemania en 1961. En 1971, Grünenthal acordó indemnizar a los afectados alemanes.
En el caso español, el fármacó criminal fue prohibido en 1963. Tras muchos años de lucha de la Asociación de Víctimas de la Talidomida (AVITE), el Instituto de Salud Carlos III acredita su situación en 2010 y el Gobierno español la reconoce en un real decreto que fija condiciones de acceso y una serie de ayudas económicas. Se abre la vía judicial.
En 2013, un juzgado de Madrid estima una «actuación culposa» de la farmacéutica por no haber tomado las medidas necesarias para comprobar la seguridad del producto y concede el derecho de indemnización a quienes fueron reconocidos como víctimas del medicamento por el Gobierno y a quienes puedan acogerse a esta medida en el futuro cuando sean reconocidos como afectados. La empresa, no obstante, recurrió la sentencia y consiguió la revocación del primer fallo. Hoy, AVITE ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo contra la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en octubre de 2015, que deja sin indemnización a los enfermos por entender que el caso había prescrito.
En la actualidad, a pesar de que los estudios de seguimiento se prolongan incluso con el fármaco en el mercado, no se evitó la comercialización de productos dañinos como el Lipobay, fármaco contra el colesterol retirado en 2001, por el que Bayer ha pagado más de 1.000 millones en indemnizaciones tras admitir la vinculación con decenas de muertes. Otro caso en que un gigante farmacéutico ha salido indemne de los pleitos en España.
Los Verdes consideramos que, en la medida en que nuevas investigaciones científicas -algunas recientes en Alemania (2013) o de la Organización Mundial de la Salud (2014) que han detectado que los daños del fármaco no concluyeron tras el nacimiento de los niños y aparecen nuevas complicaciones- puedan ampliar el número de víctimas afectadas por la Talidomida, no debería extinguirse la responsabilidad de las grandes industrias farmacéuticas y sus crímenes -como los crímenes de lesa humanidad, genocidio o delitos de terrorismo- no deberían prescribir nunca.
A la espera de un pronunciamiento positivo del Tribunal Constitucional a favor de los afectados o, en caso contrario, más tarde, del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, Los Verdes queremos poner de manifiesto todo nuestro apoyo a las víctimas de la Talidomida -y a las víctimas de cualquier fármaco que, en vez de curar, cause daños mayores o incluso la propia muerte- y, ante el posible fracaso de la vía judicial, exigimos una solución política del Estado español o de la propia Unión Europea que acabe con la indefensión de las mismas y un nuevo marco jurídico.
Los Verdes daremos nuestro apoyo a todo tipo de acciones de condena que vayan más allá de declarar laboratorio «non grato» a la compañía farmacéutica alemana Grünenthal -como pedía, recientemente, el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC)- y que podrían materializarse en un boicot efectivo de los fármacos de una empresa que antepone el ánimo de lucro a cualquier otra consideración de justicia.