Por Toni Roderic, Secretario de Organización de la Confederación de Los Verdes · Els Verds · Berdeak · Os Verdes.
La Audiencia Nacional, como en el caso del Tibet, debe investigar las responsabilidades de Bush, Aznar y Blair en Irak
Estos días, es noticia la decisión de la Audiencia Nacional de actuar en el caso del genocidio de la República Popular China contra el Tibet y aplicar el principio de justicia universal. La Sección Cuarta del Tribunal español pone en busca y captura a la antigua cúpula militar y política del país asiático debido a una querella interpuesta en 2006 por el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Casa del Tíbet y un particular, el sherpa Thubten Wangchen, de nacionalidad española. En ese escrito se denuncian «una serie de acciones conjuntadas» del Gobierno chino para «eliminar la propia idiosincrasia y existencia del propio país tibetano». Entre estas medidas destacan la ley marcial, desplazamientos forzosos, campañas masivas de esterilizaciones, torturas de disidentes y traslados a la región de contingentes de ciudadanos chinos para dominar y eliminar a la población autóctona.
Visto lo cual y dado que la guerra de Irak fue declarada unilateralmente por Bush, Aznar y Blair, contraviniendo el voto de la Naciones Unidas y sin escuchar –en el caso de Aznar- al Congreso de los Diputados de España. Y dado que se declaró después de mentir gravemente, de manera contrastada a toda la población con la farsa de las armas de destrucción masiva. Y que las consecuencias de la misma fueron gravísimas desde el punto de vista humano y material: hablamos de un millón de civiles muertos, de más de cinco millones de desplazados y de unos daños materiales incalculables en el caso de Irak. Y de ciento noventa muertos en el caso del 11-M, muertos que son consecuencia directa de la intervención ilegal en Irak y sobre los cuales Aznar mintió y manipuló como nunca se había atrevido ningún gobernante español. Visto todo esto, la propia Audiencia Nacional debería investigar estos hechos para que los responsables pagaran por este horror y que nunca más puedan suceder genocidios de estas características.
Sea como sea, y en el caso de un próximo gobierno progresista, uno de los principios básicos de ese gobierno debería ser -y, en su programa, debe figurar- el que respondan, penalmente, los responsables y que sus crímenes no queden impunes.