Dar marcha atrás obligaría al nuevo gobierno a pagar indemnizaciones millonarias a Endesa e Iberdrola
La central nuclear de Garoña es la central nuclear más vieja de la Unión Europea. Es una central de primera generación -con un reactor igual al de Fukushima– y más que amortizada económicamente con su funcionamiento desde 1970 hasta mediados de 2013. Ahora, lleva más de tres años parada, después de más de cuarenta años de funcionamiento -que es la vida útil para la que estaban preparadas las centrales nucleares españolas- sin que ello haya supuesto ningún problema para el suministro en el sistema eléctrico español.
Los propietarios (Iberdrola y Endesa) quieren que el Ministerio de Industria les conceda la renovación de la autorización de explotación de la central -hasta el 2 de marzo de 2031- bajo la excusa de la demanda energética. Industria ha dado varios pasos para permitir esa ampliación que debe contar con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) sin tener en cuenta los riesgos para miles de personas.
Si la cúpula del CSN -compuesta por cinco miembros y controlada por el PP que eligió 3 de ellos- da el visto bueno para que se reabra Garoña -sin tener en cuenta el nuevo Parlamento ni el próximo nuevo gobierno y con la complicidad del Ministerio de Industria en funciones-, en el caso de que se decidiera, después, no autorizar la reapertura, los propietarios podrían reclamar pérdidas por “lucro cesante” cuya indemnización millonaria tendríamos que pagar todos los contribuyentes en una jugada parecida a la del caso “Castor”.
Los Verdes queremos denunciar la connivencia entre el gobierno del PP en funciones y la oligarquía energética para dar un nuevo golpe económico, una nueva jugada, para favorecer unos intereses económicos y políticos particulares que nada tienen que ver con el suministro de energía o el interés general de España.
Los Verdes exigimos que se mantenga cerrada Garoña y que se adopte un programa de ahorro energético y sustitución de las energías contaminantes por renovables y limpias. Es hora de que se acaben las subvenciones directas e indirectas a las energías contaminantes, peligrosas para la seguridad de las personas y causantes del cambio climático.